La Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional en Perú, ha sido objeto de varios comentarios y análisis, por lo que es importante tener en cuenta algunos aspectos importantes:

• La Responsabilidad Administrativa vs. Penal: Aunque la ley se refiere a la responsabilidad administrativa, muchos especialistas argumentan que en realidad se trata de una responsabilidad penal debido a la naturaleza de las sanciones y su relación con el proceso penal.
• Ampliación de la Responsabilidad: El Decreto Legislativo Nº 1352 amplió la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, incluyendo delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Implementación y Reglamento: La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2018, y se esperaba la aprobación de un reglamento para la implementación de programas de cumplimiento normativo en materia penal.
• Debates y Cuestionamientos: Existen debates sobre la necesidad de implementar esta figura jurídica y sobre su eficacia en la práctica. Algunos consideran que la ley podría no obtener los resultados esperados en cuanto a reducir la impunidad.
• Cambios Recientes: Se han realizado modificaciones importantes a la ley para restringir los espacios de impunidad y mejorar la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas.

SANCIÓN DE DISOLUCIÓN

la imposición de sanciones como multas significativas o la disolución de empresas como medida administrativa en casos de incumplimiento de responsabilidades legales, como se contempla en la Ley N°30424, es una medida controvertida que busca castigar a las personas jurídicas por su conducta indebida. Sin embargo, su ejecución plantea desafíos prácticos y consideraciones éticas que deben ser cuidadosamente evaluadas para garantizar la efectividad de las medidas y evitar posibles repercusiones negativas en el mercado y en la sociedad en general.

La sanción de disolución a la persona jurídica, según la Ley N° 30424 en Perú, es una medida extrema que se aplica en casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Aquí hay algunos puntos clave sobre esta sanción:

• Aplicación de la Sanción: La disolución se puede aplicar como medida administrativa contra las personas jurídicas responsables de delitos detallados en la misma norma.
• Impacto de la Sanción: La disolución de una empresa puede tener un impacto significativo, afectando a proveedores y terceros ajenos a las actividades empresariales.
• Procedimiento Concursal: En caso de concurrencia de acreedores impagos por la finalización abrupta de las actividades de una empresa, se suele llevar adelante un procedimiento concursal para decidir el destino de la empresa, ya sea la reestructuración o la liquidación.
• Intervención de la Autoridad Competente: La ley permite que el juez ordene a la autoridad competente disponer la intervención de la persona jurídica sancionada, si es necesario.
• Casos Específicos de Disolución: La disolución se aplica solo a las personas jurídicas que hayan sido constituidas y operado para favorecer, facilitar o encubrir la comisión de los delitos sancionados en la Ley N° 30424.

Es importante mencionar que la ejecución de estas sanciones conlleva consideraciones prácticas y legales complejas, y a su vez, la necesidad de un enfoque cuidadoso y equilibrado en la aplicación de sanciones como multas y disolución de empresas. La evaluación meticulosa de las implicaciones prácticas y legales es fundamental para garantizar que estas medidas sean justas, proporcionadas y efectivas, minimizando al mismo tiempo cualquier impacto negativo en terceros no involucrados en las conductas ilícitas.

By Abog. Luis A. Luján B.

Socio de Gkl Consulting