La Ley N° 32069, promulgada hoy 24 de junio de 2024, introduce un marco normativo integral para las contrataciones públicas en el Perú. La Ley de Contrataciones Públicas, es una pieza legislativa fundamental para la gestión eficiente de los recursos públicos en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado.

Esta normativa no solo establece un marco jurídico para garantizar la transparencia y eficacia en las contrataciones públicas, sino que también busca promover la competencia, la equidad y la eficiencia en todas las etapas del proceso de contratación. La nueva Ley también incluye disposiciones finales que abordan aspectos específicos como la continuidad de proyectos bajo el Decreto Legislativo N° 1362 y la implementación de mecanismos valorativos para los proveedores.

Al establecer un marco normativo robusto y detallado, esta Ley busca asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera óptima, beneficiando así a la sociedad en su conjunto, asimismo, establece un marco normativo integral para la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado. A continuación, se ofrece un análisis detallado de los aspectos más relevantes de esta normativa, con el objetivo de proporcionar una visión comprensiva de sus disposiciones y objetivos de la presente Ley.

Asimismo, el cambio de nomenclatura de El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes  (OECE), no es solo un cambio de nombre, sino una declaración de intenciones para mejorar la eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas en el Perú. Este cambio refleja una visión orientada hacia la modernización y profesionalización del sistema de contrataciones, con un fuerte enfoque en la optimización de recursos y la implementación de prácticas sostenibles e innovadoras.

OBJETIVOS DE LA LEY

La Ley de Contrataciones Públicas tiene como objetivos principales:

1. Eficacia, Eficiencia y Economía: Garantizar que las contrataciones públicas se realicen de manera eficaz, eficiente y económica, maximizando el uso de los recursos públicos.

2. Cumplimiento Oportuno de Fines Públicos: Asegurar que las contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los objetivos públicos.

3. Mejora de las Condiciones de Vida: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de una gestión eficiente de los recursos públicos.

ERSTRUCTURA Y PRINCIPALES DISPOCISIONES

1. Ámbito de Aplicación

La Ley se aplica a todas las entidades del sector público que realicen contrataciones de bienes, servicios y obras. Establece un sistema de regulación que abarca desde la planificación hasta la ejecución y el control de los contratos públicos.

2. Principios Rectores

Entre los principios rectores de la Ley se incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de trato, la eficiencia y la economía. Estos principios buscan asegurar procesos de contratación justos y eficientes.

3. Tipos de Contratos

La Ley distingue entre diferentes tipos de contratos, como contratos de bienes, servicios y obras, cada uno con regulaciones específicas respecto a su ejecución y cumplimiento.

4. Proceso de Contratación

El proceso de contratación se divide en varias etapas clave:

• Planificación: Identificación de necesidades y planificación de las contrataciones.
• Selección del Proveedor: Procedimientos para la selección de proveedores, que incluyen licitaciones públicas y otros mecanismos de selección.
• Ejecución Contractual: Supervisión y control de la ejecución de los contratos, incluyendo el cumplimiento de plazos y calidad de los bienes y servicios.
• Solución de Controversias: Establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas que puedan surgir durante la ejecución de los contratos.

5. Regulación de Proveedores

La Ley introduce mecanismos para la evaluación y regulación de los proveedores, incluyendo:

• Registro Nacional de Proveedores (RNP): Base de datos de proveedores autorizados para participar en contrataciones públicas.
• Valoración del Desempeño: Sistema de evaluación del desempeño de los proveedores, que incluye la publicación de información sobre su actuación en contrataciones anteriores.

6. Transparencia y Control

Para fomentar la transparencia y el control en las contrataciones públicas, la Ley establece la obligación de publicar información relevante sobre los procesos de contratación y los contratos adjudicados. Además, introduce mecanismos de control interno y externo para asegurar la legalidad y eficiencia de los procesos de contratación. A partir del análisis detallado de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas, se pueden extraer las siguientes cinco conclusiones clave:

CONSIDERACIONES FINALES

1. Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas: La Ley establece mecanismos robustos para asegurar la transparencia en las contrataciones públicas. La obligación de publicar información relevante sobre los procesos de contratación y los contratos adjudicados fomenta la rendición de cuentas y reduce la posibilidad de actos de corrupción.

2. Enfoque en la Eficiencia y Eficacia: Al poner un fuerte énfasis en la planificación y el control de la ejecución de los contratos, la Ley busca maximizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Esto incluye la implementación de sistemas de evaluación del desempeño de los proveedores y la gestión de riesgos en la contratación pública.

3. Participación y Competencia Justa: La normativa promueve la competencia justa y equitativa entre los proveedores. Al regular la selección de proveedores mediante procedimientos transparentes y competitivos, se garantiza la igualdad de oportunidades para todas las empresas, mejorando así la calidad y el costo de los bienes, servicios y obras contratados.

4. Integración y Profesionalización: La Ley introduce un enfoque multidisciplinario y transversal, integrando diversas disciplinas y conocimientos para una mejor gestión de las contrataciones. Además, enfatiza la profesionalización de los operadores de la contratación pública, asegurando que estos cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar eficientemente los recursos del Estado.

5. Fomento del Desarrollo Sostenible: La inclusión de principios como la sostenibilidad y la innovación en la Ley refleja un compromiso con el desarrollo sostenible. Esto no solo se enfoca en el uso eficiente de los recursos, sino también en la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y fomenten el desarrollo social y económico sostenible.

Equipo de GKL Consulting

Área de Contrataciones del Estado y Arbitraje