¿Qué cambia con la Ley 32069 de contrataciones públicas?

La Ley N.º 32069 reorganizó el marco de la contratación pública peruana. Para una empresa proveedora, el cambio no se limita a aprender nuevos nombres: exige revisar desde la preparación de la oferta hasta la administración del contrato y la documentación de cada decisión.

¿Cuál es la finalidad de la Ley 32069?

La Ley General de Contrataciones Públicas busca que la compra de bienes, servicios y obras se realice de manera oportuna y que el uso de los recursos públicos produzca resultados. La regulación comprende a las entidades que contratan con fondos públicos y a los actores que intervienen en el abastecimiento.

El texto original fue publicado el 24 de junio de 2024. Su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, entró en vigencia en 2025 y recibió modificaciones posteriores. Por ello, una revisión legal seria debe trabajar con las versiones actualizadas que publica el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Los cuatro momentos que una empresa debe controlar

1. Planificación. Permite identificar la necesidad pública, la estrategia de contratación, el presupuesto, los riesgos y las condiciones que luego aparecerán en el procedimiento.
2. Selección del proveedor. Comprende la convocatoria, las bases, consultas u observaciones, presentación y evaluación de ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro.
3. Ejecución contractual. Empieza con el perfeccionamiento del contrato e incluye entregables, plazos, penalidades, modificaciones, pagos y gestión de incumplimientos.
4. Solución de controversias. Requiere conservar evidencia y activar oportunamente los mecanismos aplicables. Esperar al final del contrato suele reducir las opciones de defensa.

¿Qué cambia en la práctica para los proveedores?

El proveedor necesita demostrar capacidad, integridad y trazabilidad. La información del Registro Nacional de Proveedores, la experiencia acreditada, las declaraciones y la documentación de la oferta deben ser consistentes. Una diferencia aparentemente menor puede convertirse en una observación, una exclusión o un riesgo durante la ejecución.

• Verificar la habilitación registral y los impedimentos antes de participar.
• Leer de forma conjunta las bases, absoluciones, anexos y especificaciones técnicas.
• Asignar responsables para consultas, oferta, contrato, valorizaciones y comunicaciones.
• Documentar hechos que puedan afectar costo, plazo, calidad o alcance.
• Revisar subcontratistas, consorcios y terceros desde una perspectiva legal y de cumplimiento.

Transparencia, competencia e integridad

La contratación pública exige publicidad y competencia, pero también controles internos. Un programa de integridad útil debe identificar conflictos de interés, regalos, intermediarios, comunicaciones indebidas y decisiones que carezcan de sustento. La mejor defensa es una operación que pueda explicarse y demostrarse con documentos.

Lista de verificación antes de presentar una oferta

• Texto vigente de la ley, reglamento, directivas y bases aplicables.
• Requisitos de calificación y documentos de acreditación.
• Costos, plazos, garantías y supuestos de penalidad.
• Riesgos técnicos y contractuales asumidos por el proveedor.
• Facultades y vigencia de poderes de quienes suscriben.
• Calendario interno para consultas, subsanaciones y entregables.

¿Por qué conviene una revisión temprana?

La asesoría preventiva permite detectar contradicciones en las bases, requisitos que no podrán acreditarse, riesgos económicos ocultos o cláusulas que deben ser administradas desde el primer día. Corregir antes de presentar la oferta suele ser menos costoso que discutir una exclusión o un incumplimiento después.